Crónica de un desastre anunciado

Participar o no en un concurso de arquitectura es un dilema para muchos profesionales ecuatorianos, principalmente debido a la escasez de encargos públicos o privados que garanticen el cumplimiento de los acuerdos contractuales y  la ejecución de la obra. Pero también porque suele evidenciar problemas éticos más complejos, especialmente cuando estos se presentan como una forma de producción del espacio meritocrática, cuando en el fondo es excluyente y elitista. Este tipo de competencias han creado un sistema endogámico global y local -donde jurados y participantes suelen pertenecer a los mismos círculos- reproduciendo en bucle la lógica que lo sostiene. Si cabe preguntarse a que y a quien favorece este tipo de racionalidad, la respuesta es simple: al capital y al ego.

Con respecto al concurso para el diseño del MUNA, era evidente desde que se lanzó la convocatoria, que se trataba más de una operación inmobiliaria para capturar la plusvalía del suelo a favor de privados, que de la respuesta a la necesidad de custodiar y exhibir los objetos de la Colección Nacional que hoy se encuentra dispersa y fuera del alcance del público.  A esa consideración suficiente para cuestionarse cualquier forma de participación, se añaden otras mucho más puntuales, relacionadas con el proceso mismo, que finalmente ha tenido un desenlace vergonzoso, aunque bastante previsible.

Una de las principales causas del descalabro es la conformación del jurado. Cuatro de los siete miembros que lo integraban eran parte de la cúpula del gobierno actual, lo que evidentemente significa una presión considerable a favor de intereses políticos y económicos específicos, en detrimento de argumentos técnicos, arquitectónicos y urbanos. Si a eso se añade las cuestionables actuaciones de los ministros, el presidente y la vicepresidenta de la República frente a la cosa pública, no hay nada de que extrañarse. Funcionarios acostumbrados a no tener el menor respeto por la Constitución y la ley jamás dudarían en desbaratar cualquier proceso que no estuviera alineado con sus planes y expectativas.  Sin embargo, hay que reconocer que el nivel de manipulación mostrado en este proceso ha sido maquiavélico.

El Colegio de Arquitectos del Ecuador tampoco ha salido bien librado. Los equipos participantes presentaron sus propuestas, hubo una deliberación y un fallo que además, era inapelable. No se entiende como se expuso al equipo ganador a un linchamiento mediático, cuando los únicos llamados a defender el veredicto eran el jurado y la institución a cargo del procedimiento. Tampoco se entiende como pudo darse una segunda fase con un jurado improvisado conformado exclusivamente por profesionales del entorno más cercano al gobierno, en la que han participado equipos que se justifican con argumentos verdaderamente pueriles y que seguramente, en ambos casos, jamás serán sancionados por la institución que representa, de una u otra manera, al gremio al que este tipo de actuaciones pone en entredicho en cuanto a transparencia y probidad.

El fallido concurso para el MUNA es un problema que va más allá de los concursos de arquitectura, el impacto sobre la disciplina misma, ya bastante maltrecha y constantemente puesta en entredicho, es enorme. Si quienes participan de este tipo de convocatorias son incapaces de respetar las reglas establecidas y obviamente aceptadas por todos los involucrados, nada tiene sentido. Ni hablar de la absoluta falta de ética de los promotores al acudir a las redes sociales para invalidar el resultado de un proceso consensuado y de los equipos que deciden seguirle el juego a quienes finalmente tienen el sartén por el mango. El triángulo entre el poder político, los intereses particulares y el mercado inmobiliario finalmente termina imponiéndose sobre el conocimiento y la técnica, lo cual debe ser motivo de especial preocupación para la academia, que lamentablemente también ha decidido guardar silencio.

Finalmente, la conversación debía haber sido otra. Cabe cuestionarse si un dispositivo del siglo XIX es realmente lo que un país diverso y multicultural del sur global necesita para enfrentar el siglo XXI. Las enormes infraestructuras que concentran bienes patrimoniales responden a una forma de entender la cultura y sus jerarquías, no son espacios neutrales sino mecanismos para la implementación de narrativas, que en el caso ecuatoriano, se sustentan en el expolio y la colonización de territorios ancestrales.  Muchas piezas que forman parte del acervo del MUNA deberían volver a sus comunidades de origen y formar parte no solo de la memoria social sino del futuro de esos territorios. Una inversión millonaria en una ciudad que ya concentra gran cantidad del patrimonio material del país solo genera más desigualdad social y más inequidad territorial.  Invertir en cultura no es un lujo, pero hacerlo sin entender a la realidad es un desastre.

Foto tomada de https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/museo-nacional-ecuador-sin-permiso/.

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